Una ley que todo colombiano debería leer

La ley 1448 de 2011 por medio de la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación de víctimas del conflicto armado, es una norma extensa de 208 artículos, con figuras jurídicas novedosas, con enumeraciones extensas del deber ser y textos que estremecen el alma, porque duele saber que en Bogotá no podemos percibir  el sufrimiento de miles de familias colombianas durante décadas.

Los periódicos El Tiempo y El Espectador nos han recordado la situación de la tenencia de la tierra y la violencia. El primero con un artículo publicado el 22 de septiembre  de 2013, sobre los rebeldes liberales que en el año 1953 hicieron pacto de paz. En la crónica uno de ellos, Quinto Barreto, narra que a cambio de dejar las armas “les dieron un certificado de que no tenían deudas con la justicia y les entregaron un hacha y un machete. Los que firmaron primero alcanzaron a recibir una libra de café”. La crónica da cuenta que la razón de la creación de la denominada guerrilla liberal del Llano, fue la reacción de grupos campesinos contra el gobierno conservador de Ospina Pérez  por abuso y despojo de tierra. Por su parte, El Espectador en su edición del 24 de septiembre, página 4 entrevista al Juez de restitución de tierras de El Carmen de Bolívar, en la cual refiere las dificultades para la aplicación de la ley. Se puede comparar la situación del país en los últimos sesenta años frente a un proceso de paz. Esas dos entrevistas me motivan a escribir estas reflexiones y compartirlas con ustedes,

La primera impresión al leer la ley 1448 de 2011, es creer que el Congreso de Colombia se dio cuenta de la necesidad de hacer justicia y buscar reparación a las víctimas, con especial énfasis en la tenencia de  la tierra y si se es un poco soñador, añadiría que se cumpliría el viejo eslogan “la tierra para el que la trabaja”. Pero una vez  se  relee y se deshile, se enfrenta la cruda realidad para las víctimas sin poder económico: el problema de la propiedad de la tierra para ponerla a producir en esta época de globalización, de tecnificación y de entrega a multinacionales, con un Estado cada vez más débil.

Para dejarles a ustedes una intriga por leer los 208 artículos, me limitaré a señalar que hay factores positivos: se reconocen derechos, se establecen procedimientos para intentar hacerlos valer y se crean organismos encargados de ejecutar políticas para apoyo a las víctimas del conflicto armado interno. Hay un capítulo dedicado a los niños y a las mujeres y un abanico de posibilidades para que en el término de diez años que tenga de  vigencia, los gobiernos rindan cuentas de su aplicación. Los problemas los iremos analizando en otras entregas, pero por ahora mientras ustedes la revisan les planteo el siguiente interrogante: ¿cuál es la razón para  la primacía que la ley le otorga a la llamada agroindustria, respecto de los derechos de la víctima conforme se deduce de los artículos 88 y 99?

Es una paradoja y una afrenta al país entero, que justamente cuando ha tomado más fuerza un sentimiento generalizado por ejercer justicia devolviéndole a la gente lo que se le usurpó violentamente, se inserte un contenido totalmente contrario a la publicitada restitución. En el caso en que una persona haya sido desalojada, amenazada u obligada a ceder su terreno y ahora, al amparo de la ley de restitución, pretendiera recuperarlo puede encontrar un obstáculo: que en el predio exista un proyecto agroindustrial, caso en el cual quien lo esté desarrollando puede oponerse a la solicitud de la víctima. Ustedes se preguntarán ¿por qué? o ¿con que derecho?  La respuesta la encuentran en el artículo 88 que le permite al empresario actuar en el proceso y el artículo 99  que remata con un texto en que le da un premio de consolación al desalojado: no le devuelve la capacidad de regresar a su terruño y cultivarlo, y a cambio debe optar por  un contrato para el uso hasta que se desarrolle completamente el proyecto, que de ser exitoso  podrían pasar muchos años hasta que le sea del todo imposible volver a intentarlo.

El artículo comentado señala: “CONTRATOS PARA EL USO DEL PREDIO RESTITUIDO. Cuando existan proyectos agroindustriales productivos en el predio objeto de restitución y con el propósito de desarrollar en forma completa el proyecto, el Magistrado que conozca del proceso podrá autorizar, mediante el trámite incidental, la celebración de contratos entre los beneficiarios de la restitución, y el opositor que estuviera desarrollando el proyecto productivo, sobre la base del reconocimiento del derecho de dominio del restituido o restituidos, y que el opositor haya probado su buena fe exenta de culpa en el proceso. Cuando no se pruebe la buena fe exenta de culpa, el Magistrado entregará el proyecto productivo a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para que lo explote a través de terceros y se destine el producido del proyecto a programas de reparación colectiva para víctimas en las vecindades del predio, incluyendo al beneficiario de la restitución. El Magistrado velará por la protección de los derechos de las partes y que éstos obtengan una retribución económica adecuada.”

La Corte Constitucional le dio la bendición al famoso artículo con un paliativo: recomendó al Juez tener en cuenta condiciones de respeto a las comunidades afro descendientes, comunidades indígenas, a las mujeres y a las minorías étnicas. Lo transcrito se traduce en la práctica en que un campesino desalojado por la violencia estará obligado a seguir desterrado por el llamado desarrollo agroindustrial. Como si los seres humanos no tuvieran arraigo por la tierra que cultivaron sus ancestros, como si el entorno no valiera y como si no nos fuera suficiente la dispersión de las familias que se ha dado en todas las guerras  y conflictos internos injustos de los últimos años.

Lo preocupante de la situación del país es la continuidad de la violencia y la escasa posibilidad para que el campo sea territorio de paz como lo anhelamos los colombianos.