Amigos lectores, el título de este escrito es muy osado en momentos que
algunos medios de comunicación se empeñan en generalizar un estigma para los
abogados, frente a lo cual se ha guardado un lamentable silencio de
asociaciones y grupos que nos representan. Por esta razón y por las propuestas
que han surgido, comparto con ustedes algunas reflexiones al respecto. Es
evidente que las denuncias que dieron origen a los procesos profusamente divulgados merecen un rechazo y en aquellos casos en que se ha dado confesión
de parte, generan un duelo por la condición de los delincuentes, que
inexplicablemente acaban sus vidas al fallarle a su familia, a la entidad
pública respectiva y a la sociedad colombiana que viene luchando
por quitarse el estigma que marcó por tanto tiempo en el exterior la violencia
del narcotráfico.
En efecto, cuando se cometen delitos la sanción penal y las
consecuencias sociales de rechazo a la respectiva conducta deben recaer
exclusivamente sobre las personas responsables de los hechos. Sobre los
investigados confesos y a los que después de un proceso, se les pruebe
responsabilidad debe recaer el estigma social y que paguen su pena; pero no
puede suceder que a la deshonra arrastren con ellos a todo un gremio.
Invito a mis colegas abogados a exigir respeto por la profesión
que ejercemos dignamente y sin la cual una sociedad civilizada no podría
resolver sus conflictos.
Por
lo anterior comparto con ustedes un
comentario a una columna del periódico El Espectador en la cual me refiero a la
necesidad de ser muy precisos en las notas de prensa,en
efecto la columna titulada: La receta de
Tocqueville, en unos de sus apartes señala:
“Alexis de
Tocqueville decía que la suerte de los países dependía de tres cosas: las
circunstancias (físicas e históricas), las costumbres y las leyes. Para
Tocqueville, las costumbres (moeurs, en francés)
eran “los hábitos del corazón”, algo así como el talante moral con el que se aborda
el mundo social. Esto es lo que hoy, en las ciencias sociales, llamamos
cultura, o dimensión cultural. De estas tres condiciones, la más importante es,
según Tocqueville, la costumbre (cultura), porque moldea la sociedad con más
firmeza que las circunstancias o las leyes. Muchos estudios recientes han
corroborado esta idea, con la salvedad de que hablan de un cuarto elemento, que
es la igualdad relativa entre las personas, que Tocqueville tal vez desestimó
por tener en mente a Francia y Estados Unidos, dos países en donde la igualdad
iba en claro aumento.
Siendo así, un país tiene que poner todo su empeño en incidir en
las costumbres, a través de estrategias como la educación, el fomento del
espíritu cívico y la cultura ciudadana. Esto no significa que el derecho sea
irrelevante, de ninguna manera, sino que las normas jurídicas son poco
efectivas cuando no están acompañadas de cambios en las costumbres.
Digo todo esto pensando en el escándalo de la Corte Suprema de
Justicia y en la reciente captura del exmagistrado Francisco Ricaurte. La
primera reacción ha sido exigir una reforma a la justicia. Yo mismo dije algo
de eso en mi columna de la semana pasada. Y no hay duda de que esa reforma,
tantas veces frustrada por los mismos magistrados, se necesita. Pero, pensando
en la receta de Tocqueville, esa reforma legal no sirve de mucho mientras no
haya cambios profundos en las costumbres judiciales y, más concretamente, en el
talante moral de los magistrados.
¿Cómo lograr eso? Hay que empezar por los abogados, que son la
base profesional de la justicia. Lo primero es introducir dos tipos de control
en la profesión jurídica: un examen de Estado riguroso, para igualar su
formación antes de que empiecen a trabajar, y una colegiatura obligatoria que
los organice y discipline. Estas dos medidas existen en todas las democracias
consolidadas. Lo segundo es conseguir una mejoría sustancial en la ética
profesional, en la formación jurídica y en la calidad de los profesores.
Algunos decanos, conscientes de ello, dieron esta semana un paso en este
sentido y publicaron un comunicado en el que reconocen su “responsabilidad
académica, ética y política en la formación de los y las abogadas”, y se
comprometen “en la reconstrucción de una justicia digna, accesible y
transparente en Colombia”. Esta es una iniciativa muy importante, porque el mal
funcionamiento de la justicia tiene mucha relación con los males de la
profesión jurídica, que empiezan por la mala calidad de la gran mayoría de las
facultades de derecho.(….)”[i]
Mi comentario a esa columna es el siguiente:
“26 Sep 2017 - 9:00 PM) [ii]
Por: Cartas de los lectores
Sobre una
columna
Con referencia al artículo del profesor
Mauricio García Villegas en su columna publicada por el diario El Espectador en
su edición del pasado 22 de septiembre de 2017, refiriéndose a la crisis de la
justicia en Colombia y sus posibles soluciones, me permito las siguientes
observaciones:
1. Las dos propuestas del columnista no
son novedosas: la de hacer una prueba antes de graduarse generó muchos debates
y hoy se cuenta con los exámenes que realiza el Icfes. Además, el programa
académico se encuentra establecido por decreto, lo cual siempre se ha
cuestionado, porque limita la autonomía universitaria y deja muy poco margen
para la innovación y los nuevos contenidos de áreas académicas. En relación a
la colegiatura obligatoria, ha sido recurrente la idea de hacerla obligatoria,
pero cabe recordar que ha primado el principio de libre asociación para quienes
quieran pertenecer a las agrupaciones profesionales. Por lo demás, es desmedido
y arrogante lo referido al propósito según el cual sería “para organizar a los
abogados y disciplinarlos”, como si no lo fuéramos. Cabe recordar que no es
serio generalizar y de paso estigmatizar una profesión. No es cierta la
conclusión del columnista de que su fórmula busque, además, una mejoría en la
formación y calidad de los profesores, lo que considero un irrespeto a los
docentes comprometidos con su labor en las facultades de Derecho, al sugerir
que no son idóneos con inexcusable ligereza.
2. No puede aceptarse la generalización
con que concluye el párrafo transcrito de la supuesta “mala calidad de la
mayoría de facultades de Derecho”, porque la subjetividad de semejante
afirmación, sin un soporte serio, es sumamente grave, máxime cuando el autor
fue profesor de materias relacionadas con la investigación en nuestra querida
Universidad Nacional y sabe que en este campo no pueden sacarse conclusiones
sin soporte y rigor metodológico.
3. Si bien la columna periodística no
tiene un carácter de artículo científico y por ello no exige el rigor académico
como producto de una investigación, tiene la responsabilidad de ser precisa y
clara con los lectores.
4. Por último, es evidente la gravedad
de los delitos denunciados, por lo que se espera que opere una justicia pronta
y que quienes los hayan cometido sean sancionados. Pero que se mantenga el
respeto del país por los profesionales serios y probos, que día a día
contribuyen con la paz y la construcción de una democracia al servicio del
bienestar, la equidad y el progreso de los colombianos.
Martha Espinosa. Abogada.”
hlos mejores abogados te escuchará, te hará las preguntas que considere convenientes, y sólo te interrumpirá, si necesita esclarecer alguna parte de los hechos que le relates.
ResponderEliminarUn buen abogado, te generará la confianza para que le narres todos los hechos desde tu punto de vista, con total confianza. Si sientes que no puedes confiarle todo, o debes maquillarle la verdad de cualquier manera, no pienses siquiera en contratarlo.
Un abogado que se presenta ante ti sin señales de ser combativo, puede ayudarte mucho a resolver tu caso.