Abogados, ¡piensen como ingenieros!
La frase del título la expresó el
Registrador Nacional en 1994 cuando se organizaban las primeras elecciones
después de la Constitución de 1991. Nos habló a los asesores de la Dirección
electoral que estábamos encargados de resolver las dudas, los vacíos y
contradicciones del viejo Código Electoral y las novedades de la Constitución.
Una de ellas, era la figura del vicepresidente, cuya elección, se estrenaba y
era necesario adaptar los procedimientos de inscripción de candidaturas. Se
necesitó de mucho ingenio para lograrlo, pero salimos adelante. Me impactó
profundamente la citada expresión, y me obligó a pensar que en las facultades
de derecho seguíamos enseñando a los estudiantes a expresarse en forma
complicada, usando expresiones en latín y confundiendo al interlocutor. Mi
reacción en ese momento fue darle la razón al Registrador y hacer el autoexamen
de mi propia realidad, que comparto ahora después de tantos años con mis
lectores.
En efecto, pensando como
ingenieras, con las abogadas Carmen Alicia Espinosa y Elsy Giraldo contestamos
y ganamos las numerosas tutelas instauradas, gracias también a la secretaria
Margarita que era experta en tecnología y diseñó un modelo de respuesta que nos
permitió elaborar textos muy claros y resumidos con los argumentos legales para
que un grupo de funcionarios las llevara a los diferentes juzgados en Bogotá y
que los jueces entendieran las especificidades del nuevo procedimiento
electoral.
Ustedes se preguntarán el porqué
del recuerdo y me permito responderles que son varias razones: la primera, en el último blog les comentaba del exceso de
leyes promulgadas en los cinco primeros
meses de este año; segunda, en un blog anterior, escribí sobre los decretos
únicos, su exceso y dificultad práctica; tercera, el columnista Rodrigo Uprimy el pasado 29 de julio del presente año publicó en el Espectador pág.
67 un artículo titulado: “10.700 palabras” en el cual se refiere a la
disposición de los órganos de los tratados de derechos humanos de Naciones Unidas
que establece esa limitación para los documentos que allí se elaboren, lo cual
“equivale a unas 20 páginas”. El texto es muy interesante y lo culmina con lo siguiente: “Es imposible
imponerles a nuestras altas cortes, y en especial a la Corte Constitucional una
regla tan rígida como las 10.700 palabras de Naciones Unidas [ … ] Pero ojalá
estas experiencias puedan servirles de inspiración para realizar un esfuerzo
sistemático por hacer sentencias mucho más breves que tendrían mayor efecto
comunicativo y podrían ser mejor asimiladas por los jueces para seguir la
doctrina de la Corte que decisiones de
300 o 400 páginas que pocos leemos”. Muy bien por el Dr. Uprimy en cuanto a la reflexión,
pero creo que le faltó precisar, además, que sólo se alcanzan a leer unas
cuantas. La cuarta razón es la noticia difundida en estos días por los medios,
que da cuenta de la decisión de la Corte para declarar la constitucionalidad de
la ley estatuaria de la JEP, la cual está escrita en: ¡800 páginas!
Considero que para compartir con
mis lectores las inquietudes planteadas, pensando tímidamente en buscar la
precisión y el orden que caracteriza a los ingenieros, voy a planear y escribir
separadamente sobre los siguientes temas:
1. La
redacción, la extensión y estilo de las
sentencias de la Corte Constitucional.
2. El
exceso de leyes y decretos.
3. Comentarios
sobre los efectos para el ciudadano de las notificaciones por medio de los
llamados edictos
4. La
propuesta de tecnología en la enseñanza del derecho en el siglo XXI.
Al finalizar el cuarto tema de
esta propuesta, ustedes serán mis jueces para ver si comparten mis inquietudes
y les pueda motivar a pensar en contribuir al cambio o al menos la evolución en la
forma de comunicarnos jurídicamente.
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