¿Hasta cuándo la Administración de Justicia en Colombia seguirá con los mismos esquemas?

¿Hasta cuándo la Administración de Justicia en Colombia seguirá con los mismos esquemas?

La pregunta del título se fundamenta en una reflexión que hice hace algunos meses a propósito de la extensión de las sentencias de la Corte Constitucional. El ejercicio de la profesión de abogado y la Administración de justicia en Colombia requieren un cambio urgente, es imposible que se mantengan los sistemas del siglo XIX y todos resignados a esperar un milagro, sin que se proponga un giro total. Escribo motivada por la experiencia del pasado miércoles 3 de abril de 2019 cuando fui a acompañar a una amiga a la sede de los juzgados situada en la carrera 10 #14-33 de Bogotá. Confieso que después de un largo receso en el litigio tenía la idea que algo podía haber mejorado en el servicio, pero mi sorpresa fue total al ingresar y encontrar la cantidad de personas, demandantes, demandados, abogados, intermediarios y usuarios en general, en unas instalaciones incómodas y riesgosas por lo vetusto de edificio, que ya presentó una emergencia hace algún tiempo, donde lo único moderno es el sistema de pedir el turno  y acudir a la ventanilla para que el funcionario revise en  un computador y le dé una respuesta incompleta, lo remita al respectivo juzgado   o un ”vuelva en una semana, o dos o más”.

El ejemplo es sólo la punta del iceberg, porque el funcionamiento de nuestros juzgados, tribunales y cortes, está regido por el sistema de derecho escrito en el cual todo se tramita en papel y se forman los llamados “expedientes”, que luego pasarán a los archivos de documentos, que acumulan miles de empastados que tienen la historia de los trámites de  interminables de procesos. Para aquellos lectores que no han necesitado acudir a una dependencia judicial, resultará extraño mi comentario, pero en realidad es incomprensible que  los colombianos estemos resignados y sometidos a un sistema arcaico, demorado y costoso.

Para ilustrar quiero comentarles lo que me sucedió hace muchos años cuando litigaba: un colega me sustituyó un poder y cuando lo presenté en el juzgado, el secretario socarronamente me dijo: “¿Usted piensa revisar el expediente?” - Claro-  le respondí y me dijo "venga le muestro una parte". Eran unas 50 o más carpetas arrumadas y, ante mi sorpresa, continuó, "estas son las últimas actuaciones, el resto está en otro archivo que ocupa un cuarto completo”.

En la era digital, cada vez es más difícil mantener un sistema que exige desde el inicio hasta el final del pleito centenares de folios y paso de varios años para definir un asunto. Es urgente un cambio radical que implica desde la formación del abogado en las facultades de Derecho, pasando por los congresistas dispuestos a expedir leyes para el siglo XXI que permita a los jueces definir los procesos en corto tiempo y expedir sentencias concretas. Se requieren los cambios legales para que no tengamos cientos de códigos y leyes extensas que se reforman permanentemente y que muy pocos leen.

Las nuevas generaciones no merecen heredar un sistema tan antiguo,obviamente hay principios, derechos, deberes que tienen vigencia, pero el exceso de normas, la metodología de las sentencias en las cuales se transcriben citas y largos textos de otras providencias  judiciales no deben seguir siendo las formas de sustentar una decisión.

En la última década del siglo XX se extendió por América Latina, la corriente de la argumentación y contra argumentación y las teorías de un  nuevo constitucionalismo, que ocasionaron reformas y cambios en la organización jurisdiccional. En Colombia, la creación de la Corte Constitucional  generó muchas expectativas sobre un nuevo Sistema Judicial, las  facultades de Derecho crearon especializaciones y maestrías con miras a formar juristas con otras visiones que se creían de avanzada; sin embargo 17 años después, requerimos un nuevo esfuerzo para responder a una sociedad que tiene tendencia a la rapidez, al cambio  e inmediatez. Una sociedad organizada requiere que las personas puedan conocer sus derechos, sus obligaciones y prohibiciones para vivir en paz; igualmente necesitan formarse y aprender a solucionar sus conflictos.

Finalmente todos tenemos derecho a que sea real el principio de "pronta y cumplida justicia".